DECLARACIÓN DE BIENES DE LOS ALTOS CARGOS

La figura del Alto Cargo, así como otras asimiladas, encuentran su regulación en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. A todas las personas que ostentan los cargos públicos, les es de aplicación el marco de integridad pública conformado por la legislación antes mencionada y sus normas de desarrollo, estableciéndose como una de sus principales obligaciones, la de presentar la Declaración de bienes, rentas y actividades. 

Todos los cargos públicos -Altos Cargos- y asimilados están obligados a la presentación de declaraciones de bienes, rentas y actividades tanto a la toma de posesión como al cese y, en su caso, en los períodos anuales de duración del ejercicio del cargo. La regulación de dicha obligación se contiene en los artículos 20 y 34 de la Ley 11/2003 y artículo 5 de la Ley 4/2024, que prevé su publicación anual en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el portal de Transparencia. En el siguiente enlace se accede a la página de consulta de las declaraciones de bienes, rentas y actividades.

Las declaraciones, como su propio nombre indica, contienen información referida a las actividades desempeñadas por los cargos públicos en los últimos cinco años, a los diferentes bienes que se posean, adquiridos con anterioridad o posterioridad al acceso al cargo, y las rentas obtenidas por el ejercicio del cargo o por otros motivos. Esa información será objeto de control por parte de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación y sometidas a publicidad oficial -diarios o boletines oficiales y portal de transparencia de la web institucional.

La importancia de este tipo de declaraciones, al margen de la información objetiva que puedan contener cada una de ellas referida a un momento determinado, radica en que permite conocer y contrastar la situación económico financiera y patrimonial de los responsables públicos cuando acceden y cesan en el cargo, así como a lo largo de su ejercicio, y los entornos en los que se han desarrollado las actividades laborales o profesionales previas al nombramiento pudiendo aflorar posibles conflictos de interés reales, aparentes o potenciales y las incompatibilidades que pudieran derivarse de ellos, todo lo cual sometido al conocimiento y escrutinio público.

La regulación de las declaraciones de bienes rentas y actividades se encuentra en el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que establece la obligación de su presentación para los miembros del Consejo de Gobierno y establece las pautas procedimentales y los contenidos de las mismas. Esa obligación se hace extensible en virtud del artículo 34, a los Altos Cargos de la Administración y personas de responsabilidades similares en otros entes y empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

Hay que destacar también el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18/06/2019, por el que se establece el modelo de declaración de bienes, rentas y actividades vigente en la actualidad.

Esa regulación se complementa con lo dispuesto en los artículos 5, 9, 15 y las Disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad pública de Castilla-La Mancha.