Gobierno Abierto y Transparente

Derecho de acceso

Se suspenden términos y se interrumpen plazos para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, según lo establecido en la disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por el COVID-19. Estos  efectos se producirán exclusivamente durante el tiempo en que esté declarado el estado de alarma o sus sucesivas prórrogas.

Por consiguiente una vez transcurrido estos plazos quedará automáticamente levantada la suspensión y los procedimientos se resolverán con normalidad, permitiendo así la debida rendición de cuentas a la ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

La citada suspensión viene referida tanto al plazo para resolver, como para notificar las resoluciones que se dicten. No obstante, las unidades de transparencia podrán realizar las actuaciones administrativas de carácter interno que no tengan efectos frente a terceros en la ordenación del procedimiento, tales como los actos de comunicación, petición de informes y documentación, para evitar así acumulaciones y estar en condiciones de responder con mayor agilidad. Ello, sin perjuicio de priorizar actuaciones que estén, en su caso, relacionadas directamente con la protección de la salud.

En todo caso se ofrece información detallada sobre el COVID-19 en Castilla-La Mancha, tanto a través de las comparecencias periódicas de las autoridades sanitarias ante los medios de comunicación, como por otras vías distintas, accesibles a través del Portal web institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El derecho de acceso a la información pública consiste en el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señale la ley.

En este sentido, se entiende como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.