Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa

La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

 

Antecedentes de la norma

 

La actualización de la regulación administrativa en materia de simplificación y agilización trae su origen primeramente de la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, que establece una serie de principios simplificadores que redundan en una mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía.

Dichos principios fueron asumidos por el Estado mediante la aprobación, primero, del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado, y después por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por una extensa normativa estatal en materia de simplificación y agilización procedimental  y la creación de un modelo de gobernanza pública para su regulación y supervisión.

En este sentido, Castilla-La Mancha ha procedido a trasladar los mentados principios simplificadores a su ámbito competencial, para lo que viene elaborando desde el año 2016 un plan anual de simplificación y reducción de cargas administrativas que se ejecuta a través de numerosas actuaciones en todos los ámbitos de la Administración regional. 

 

En la misma línea, desde hace varios años se han realizado modificaciones de la normativa sectorial, al objeto de reducir las cargas administrativas para el administrado y conseguir una mayor eficiencia en las relaciones entre la Administración, la ciudadanía y el tejido empresarial y social de la región.

  

Entre las normas elaboradas con este fin, cabe destacar la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, así como la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas.

 

La futura norma tiene por objeto ahondar en el proceso ya iniciado, creando una Administración moderna, más dinámica y centrada en asistir a la ciudadanía, actualizando la organización y funcionamiento de la Administración, dentro de las competencias que le asisten, conforme lo estipulado en el artículo 148.º de la Constitución Española y el artículo 31, apartados 1º y 28º de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.