Decreto 75/2018, de 23 de octubre, del procedimiento administrativo de intervención en los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este decreto se desenvuelve dentro de un concreto marco normativo de ámbito estatal, constituido por la Orden de 26 de febrero de 1993, por la que se modifica el régimen de precios de determinados bienes y servicios y se deroga la Orden de 23 de diciembre de 1987; el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, en cuanto atribuye a las Comisiones Autonómicas y Provinciales de Precios las competencias para la aprobación de los precios autorizados de agua, transporte urbano de viajeros, compañías ferroviarias de ámbito autonómico y agua de regadío en las Islas Canarias; y finalmente, el artículo 107.1 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en cuanto impone un previo estudio económico para la determinación de las tarifas de los servicios que deban ser autorizados por las Comunidades Autónomas.