El Gobierno de Castilla-La Mancha con la aprobación de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha da un paso más hacia la configuración real de un Gobierno Abierto regulando los Grupos de Interés.
Se consideran Grupos de Interés las organizaciones y personas, sea cual sea su estatuto jurídico, que desarrollando sus actividades en Castilla-La Mancha, se dedican profesionalmente, como todo o parte de su actividad, a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en las tomas de decisiones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos y entidades públicas vinculados o dependientes, sin que ello impida el ejercicio de los derechos individuales de reunión y de acceso o petición.
Mediante la aprobación y publicación del Decreto 8/2018, de 20 de febrero, se crea y regula el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, según exige el artículo 44.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre.
Este Registro permite asegurar que los grupos que traten de influir en los procesos de toma de decisión sean suficientemente conocidos, ejerzan su actividad de influencia en procesos que se desarrollen con la suficiente visibilidad y que, además, en la promoción de los intereses que representan, se comprometan a asumir y respetar unas pautas éticas de conducta que aseguren la legitimidad de su intervención.
Se configura, por tanto, como un instrumento público y gratuito, y accesible desde el Portal de Transparencia, siendo sus datos de libre consulta, que facilita la identificación y el control de las actividades de influencia que dichos grupos ejercen ante la Administración de la Junta de Comunidades, sus entes de derecho público y el resto de organismos que constituyen su sector público.
La inscripción de los grupos de interés en este Registro se vincula a la posibilidad de que aquéllos puedan acceder a los titulares de los órganos directivos, de apoyo o asistencia que integran tanto la Administración regional como el resto de entes de su sector público y, a tal efecto, soliciten ser incluidos en sus respectivas agendas de trabajo. Con ello se potencia el principio de transparencia y, en su caso, el de responsabilidad, favoreciendo la publicidad de las agendas de los responsables públicos autonómicos a través del Portal de Transparencia que permite identificar a los integrantes y responsables de los grupos de interés que han accedido a las mismas.